Inmigración con principios

Y una vez más, Estados Unidos se enfrenta al desafío de absorber una gran cantidad de recién llegados. Hay cerca de 200 millones de emigrantes y refugiados en todo el mundo, el triple de la cantidad estimada por la ONU tan sólo 17 años atrás. Solamente en Estados Unidos, ingresaron aproximadamente un millón de nuevos inmigrantes por año desde 1990, con lo cual se alcanza una población total de más de 35 millones de inmigrantes, la cantidad más elevada en la historia de la nación. A pesar de que los estadounidenses se enorgullecen justificadamente de su historia como una "nación de inmigrantes", los desafíos actuales son más complejos que los que la nación tuvo que superar tiempo atrás. Tanto para el país de origen como para el país de destino, este es un tiempo de estrés excepcional, pero a la vez un momento que ofrece varias oportunidades.

Muy a menudo el tratamiento de estos desafíos y oportunidades se limita a cuestiones económicas, pero una interpretación adecuada de los patrones migratorios de hoy en día también debería incluir su relación con el "invierno demográfico" que se aproxima en las sociedades más prósperas de Europa y Norteamérica. A pesar de lo que han previsto los defensores del control de la población en los años 60 y 70, el problema demográfico principal que enfrenta la mayoría de los países hoy en día no es la superpoblación, sino que su opuesto. Las poblaciones de todo el mundo, incluso la de los países en vías de desarrollo, están envejeciendo. En las naciones más ricas, donde el proceso está más avanzado, la disminución de las tasas de natalidad y el aumento de la longevidad se traducen en una proporción mucho menor de niños y otra mucho mayor de discapacitados y personas de edad avanzada nunca antes vista.

La combinación de tasas bajas de natalidad y mayor longevidad ya está a punto de provocar una crisis en los programas de servicios de salud y seguridad social de los estados de bienestar. Los sistemas de bienestar social se diseñaron a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, en base a una proporción de nueve o en algunos casos siete trabajadores activos por cada jubilado. Ahora, en Europa, están alcanzando la cifra de tres trabajadores por jubilado y a su vez los jubilados están viviendo mucho más tiempo. (Cuando los diseñadores de los primeros sistemas de seguridad social optaron por que la edad de jubilarse fuera a los 65 años, confiaron en que relativamente pocas personas vivirían más que ese tiempo para convertirse en cargas para el estado.) Junto con el aumento de la longevidad surgió un incremento en la necesidad de atención médica, que resultó por mucho más costosa que lo que nadie hubiera imaginado cuando se crearon los sistemas públicos de atención médica.

A pesar de que Europa será la primera en sufrir la crisis, Estados Unidos no vendrá mucho después. Los 78,2 millones de personas que nacieron inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial ("baby boomers") están alcanzando la edad jubilatoria. Durante los próximos 25 años, la estructura etaria de todo el país comenzará a parecerse a la de los "estados jubilatorios" como Florida, donde un quinto de la población ya cumplió los 65 años. El presidente Bush hizo hincapié en la urgencia de la situación en su discurso sobre el Estado de la Unión de 2006, advirtiendo que "la jubilación de la generación de baby-boomers ejercerá una presión sin precedentes en el gobierno federal. En 2030, los gastos que se incurrirán sólo en los programas de Seguro Social, Medicare y Medicaid cubrirán cerca del 60% del presupuesto federal total. Y ello hará que más adelante los Congresos se enfrenten a opciones imposibles: aumentos impresionantes de impuestos, déficits incalculables o cortes profundos en todas las categorías del gasto público".

Una sociedad próspera que, por el motivo que fuera, no está abierta a recibir bebés deberá aprender a recibir a inmigrantes si tiene la esperanza de mantener su vigor económico y sus compromisos con la salud y el bienestar de su población. El problema no es quién hará los trabajos que los estadounidenses no quieren hacer, sino quién ocupará los rangos de una población activa que la generación que se está jubilando omitió reponer.

A pesar de que comenzaron a comprender que deben tomar conciencia de esta tormenta demográfica inminente, los responsables de las políticas en Europa y Estados Unidos tienden a enmarcarla en tan solo una "crisis de bienestar". Sin embargo, la caída de las tasas de natalidad que está avivando la crisis de bienestar es sintomática de una crisis más profunda en creencias y actitudes, una crisis que implica cambios en el sentido y el valor que las personas le dan al envejecimiento y a la mortalidad, al sexo y a la procreación, al matrimonio, al género, a la paternidad, a las relaciones entre las generaciones y a la vida misma. Esa crisis más profunda es parte de una secuela de lo que Francis Fukuyama llamó "La gran ruptura", la revolución en la conducta y las ideas que avanzó sobre nosotros tan de repente hacia fines del siglo veinte que ningún demógrafo pudo preverla. A partir de mediados de los años 60 y durante apenas 20 años, los principales indicadores demográficos en Estados Unidos y el norte de Europa crecieron o bajaron en una magnitud del 50% o más. Las tasas de natalidad y de matrimonio cayeron, mientras que las tasas de divorcio, cohabitación y nacimiento fuera del matrimonio aumentaron repentinamente.

Durante esos mismos años, por cierto, se presentaron avances impresionantes para muchas mujeres y miembros de grupos minoritarios. No obstante, no todas las innovaciones se tradujeron en progreso. Algunos tendieron a socavar los cimientos culturales de los que dependen las sociedades libres, justas e igualitarias. Por ejemplo, la noción de que la conducta en las áreas personales más elevadas del sexo y del matrimonio no es de la incumbencia de nadie más que de los "adultos involucrados por su propia y libre voluntad" ha ganado una amplia aceptación. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, se ha tornado más evidente que las acciones de los particulares en el total ejercen una influencia profunda en otras personas y en la sociedad en su conjunto. De hecho, cuando bastantes personas dirigen su conducta principalmente en pos de su propia realización, toda la cultura se transforma. Las naciones prósperas occidentales han participado en un experimento social masivo, un experimento que trajo nuevas oportunidades y libertades a muchos adultos, pero que puso muy en riesgo a madres, niños y dependientes en general.

La descomposición de la familia tuvo efecto dominó en todas las estructuras sociales que dependían tradicionalmente de las familias para su sostén y que a su vez servían como recursos para las familias en tiempos de tensión desde escuelas, barrios y grupos religiosos hasta gobiernos locales y asociaciones laborales. También la ley cambió rápidamente, convirtiéndose menos en un elemento de estabilidad y más en una palestra para luchas entre ideas divergentes sobre la libertad individual, la igualdad entre el hombre y la mujer, la sexualidad humana, el matrimonio y la vida familiar.

Ahora que en los países más prósperos la población dependiente incluye la proporción de niños más baja que jamás haya existido, un incremento de la presión en los recursos sociales ya está provocando un conflicto generacional en los tan ambiciosos estados de bienestar del norte de Europa. Si la deliberación política sobre la crisis de bienestar inminente continúa manteniéndose dentro de un marco basado principalmente en la idea de competencia por recursos escasos, las perspectivas generales para los miembros más vulnerables de la sociedad son desalentadoras, tal como lo demuestra la creciente normalización del exterminio de personas que se han tornado inconvenientes y onerosas en el frágil inicio y desenlace de la vida.

Los líderes de opinión en las sociedades que están envejeciendo de Europa y los Estados Unidos en general evitaron mencionar la relación entre la escasez de nacimientos y la necesidad de inmigración. En consecuencia, no se trató demasiado lo que debería ser obvio: una sociedad próspera que, por el motivo que fuera, no está abierta a recibir bebés deberá aprender a recibir a inmigrantes si tiene la esperanza de mantener su vigor económico y sus compromisos con la salud y el bienestar de su población. El problema no es quién hará los trabajos que los estadounidenses no quieren hacer, sino quién ocupará los rangos de una población activa que la generación que se está jubilando omitió reponer.

Para cumplir con el desafío de la tasa decreciente entre los trabajadores activos y los que se jubilan se requerirán muchos tipos de adaptaciones, pero la migración de reemplazo deberá formar parte del armado de respuestas efectivas. La buena noticia es que Estados Unidos tiene varias ventajas más que Europa. En primer lugar, Estados Unidos tiene una tasa de fertilidad de 2,08 bebés por mujer, mientras que la tasa de fertilidad estimada de 2005 en la Unión Europea fue de 1,47, mucho más baja que la cifra de reemplazo de 2,1. Además, Estados Unidos tiene una larga historia de experiencias satisfactorias por haber absorbido una gran cantidad de ciudadanos nuevos de muchas partes del mundo. (Si bien el número absoluto de nuevos inmigrantes es actualmente el más elevado en la historia de Estados Unidos, es proporcionalmente menor al de las eras anteriores de inmigración a gran escala).

Una tercera ventaja que vale la pena mencionar es que, mientras existe una enorme diversidad entre los habitantes del hemisferio americano, la mayoría de las personas que migran a Estados Unidos comparten ciertas creencias importantes con la mayoría de los habitantes que hoy en día viven en el país. Y no son las menos importantes, en el caso de América Latina, las que tienen carácter religioso. Según una encuesta que se hizo en el año 2005 en Estados Unidos y en los países aliados más cercanos, en la que se le preguntaba a la gente cuán importante era el papel que la religión desempeñaba en sus vidas, México y Estados Unidos ocuparon los primeros puestos, con un 86% de mexicanos y un 84% de estadounidenses que respondieron que la religión era importante para ellos. Es entendible que los países europeos estén preocupados por lo que sucederá con el funcionamiento de sus democracias si grupos de inmigrantes de proporciones considerables no abrazan los conceptos principales en los que se basan estos regímenes.

Entonces, ¿por qué en Estados Unidos no están contentos con la inmigración de latinoamericanos? Parte de la respuesta es el costo económico de una inmigración a gran escala. Los asalariados estadounidenses muchas veces temen que los inmigrantes provoquen una reducción de los salarios y que acepten los trabajos que quedan. Este miedo es algunas veces exagerado, pero no infundado: el consenso entre los economistas laborales es que la inmigración ha reducido en cierto modo los salarios de los trabajadores con menos educación y de bajos ingresos. Muchos estadounidenses también están preocupados por los costos que la inmigración ilegal impone en los contribuyentes, con su presión en las escuelas y servicios sociales, particularmente en los estados fronterizos. El deseo de proteger la seguridad nacional de Estados Unidos especialmente después del trauma del 11 de septiembre también cumplió un papel importante.

También hay algunos en Estados Unidos que quieren cerrar la puerta a los inmigrantes simplemente porque son de afuera. En el transcurso del siglo veinte, parece que esa actitud se fue apagando, pero en los años recientes grupos anti-inmigración han exacerbado de manera irresponsable sentimientos nativistas que yacían dormidos. Unos pocos años atrás escribí acerca de las vinculaciones financieras e ideológicas entre grupos extremistas en contra de la inmigración, ambientalistas radicales y promotores agresivos del control de la población. Lo que une a esa floja coalición en lo que yo llamo un "triángulo de exclusión de hierro" es su convicción común de que los controles en las fronteras y el aborto son las principales defensas contra una subclase en expansión, amenazante, consumidora de bienestar y que no es de raza blanca. (Nunca sospeché cuando escribía esas líneas que me costarían la mitad del salario de un año. Como una fundación que entre sus causas incluía la protección del medioambiente me había prometido una beca, pedí un año de licencia sin goce de sueldo en Harvard. Muy poco después de que se publicara mi artículo, la fundación faltó a su promesa. Resulta que la idea de la fundación de proteger el ambiente incluía mantener fuera a los inmigrantes y evitar que los pobres tuvieran hijos.)

Si Estados Unidos hubiera de desarrollar políticas de inmigración realistas, inteligentes y humanas, se requerirá un debate público más completo y mejor informado. En nuestros días, el debate público muchas veces está dominado por alarmistas opositores de la inmigración que tienden a ignorar tanto nuestra necesidad de migración de reemplazo como las situaciones humanas de hombres y mujeres en la búsqueda de oportunidades en Estados Unidos.

Las preocupaciones de buena fe sobre la inmigración a gran escala algunas veces se expresan en términos de costos sociales, tales como el temido efecto nocivo sobre la cohesión cultural de la nación o sobre la estabilidad de las comunidades locales. A uno le gustaría consolarse con el hecho de que aparecieron inquietudes similares cuando se produjeron las grandes migraciones un siglo atrás. A pesar de que fue marcada por el conflicto y la competencia, la historia de aquellos primeros inmigrantes es, en gran medida, un relato de integración exitosa.

Sin embargo, la cultura estadounidense de aquellos días se caracterizó por un conjunto más amplio de interpretaciones comunes. El cuadro es más complicado hoy en día, con una inmigración a gran escala que tiene lugar en un momento en el que es más difícil determinar, y en consecuencia mucho más difícil que un desconocido pueda percibir, una visión ampliamente compartida de lo que significa ser estadounidense.

Para empeorar aún mas las cosas, las estructuras comunitarias y los grupos religiosos que alguna vez desempeñaron papeles importantes en la integración de los inmigrantes se han debilitado. Ha desaparecido la maquinaria política del viejo partido demócrata que alguna vez trajo nuevos ciudadanos al proceso político a nivel local. En su lugar, los nuevos inmigrantes se enfrentan hoy en día a instituciones políticas que aparecieron en respuesta al movimiento por los derechos civiles de los negros de los años 60. El inmigrante de Méjico, Brasil o El Salvador pasa a ser un "latino" genérico que se prepara para iniciarse en el juego de la política minoritaria racial y divisoria.

Todas las demás inquietudes quedan eclipsadas con la alarma de que hay 11 o 12 millones de inmigrantes en Estados Unidos que ingresaron al país o que permanecen en el mismo de manera ilegal. Para comprender la profundidad del sentimiento que conlleva este problema, uno debe tener en cuenta que no hay ningún país en la tierra en el que los valores jurídicos desempeñen un rol más prominente en la concepción de la nación de sí misma que en Estados Unidos. Esa fue una de las primeras características que Tocqueville pudo percibir en sus viajes a principios de la década del 30 y, en la medida que el país creció en extensión y diversidad, su dependencia de los valores jurídicos se ha tornado cada vez más destacada. En las batallas culturales de fines del siglo veinte, los estadounidenses debieron basarse mucho más que nunca en la Declaración de la Independencia, la Constitución y el imperio de la ley para que sirvieran como fuerzas unificadoras. Las personas que vienen de sociedades ligadas por una misma historia y por las mismas anécdotas, canciones e imágenes pueden fácilmente pasar por alto o subestimar la importancia de este aspecto de la cultura de Estados Unidos. Las personas que vienen de sociedades en donde la ley formal está asociada con el colonialismo bien pueden pensar que el hincapié que Estados Unidos hace en la legalidad es bastante extraño. Sin embargo, es poco probable que se encuentre una solución satisfactoria a los desafíos de la inmigración sin tener eso en cuenta.

Si Estados Unidos hubiera de desarrollar políticas de inmigración realistas, inteligentes y humanas, se requerirá un debate público más completo y mejor informado. En nuestros días, el debate público muchas veces está dominado por alarmistas opositores de la inmigración que tienden a ignorar tanto nuestra necesidad de migración de reemplazo como las situaciones humanas de hombres y mujeres en la búsqueda de oportunidades en Estados Unidos. Entretanto, los defensores de la inmigración no prestan la suficiente atención a las preocupaciones legítimas de los ciudadanos, mientras que parece que algunos otros quieren recibir los beneficios económicos de la mano de obra migratoria, a la vez que hacen la vista gorda al daño que la situación actual inflige a los migrantes y a sus familias.

En el clima actual, es extremadamente difícil separar las inquietudes legítimas de las siniestras. Así, existe una necesidad urgente de aumentar la conciencia pública tanto por el tema de la migración como por los posibles costos sociales en que incurrirían (tanto los migrantes como el país anfitrión) si la migración a gran escala no está acompañada de estrategias bien pensadas para integrar a las familias migrantes en las vidas de las comunidades en las que se establecen.

Para diseñar estrategias efectivas, será necesario hacer frente de inmediato al tema de la legalidad. Tal como lo dijo el científico político Peter Skerry, "El debate sobre la inmigración quedó atrapado en un marco convincente, pero engañoso, que hace una distinción clara entre inmigración legal e ilegal. Ha sido prácticamente imposible resistir el paradigma imperante que atribuye todos los resultados negativos asociados con la inmigración a los inmigrantes ilegales y todos los resultados benéficos o positivos a los inmigrantes legales. Sin embargo, los efectos de orden social de la inmigración no se encuadran fácilmente en este paradigma meticuloso de lo que es legal e ilegal."

No obstante, dada la importancia que la mayoría de los estadounidenses le atribuyen al imperio de la ley, deberán encontrarse soluciones para evitar la apariencia de que se premia a los que no cumplen con la ley, ya no deberán centrarse en los casos individuales sino que deberán prestar atención a la forma en que se comportaron los inmigrantes mientras residieron aquí. Las propuestas que recurren al tradicional concepto de recuperarnos tras haber pagado todas nuestras deudas a la sociedad parecen apuntar a un camino entre amnistía y punición.

Será necesario centrar especialmente la atención en la educación de los hijos de los inmigrantes, dado que las escuelas son el primer punto de contacto ininterrumpido con una nueva cultura. Sin embargo, el camino está repleto de escollos dado que, como cualquier padre puede testificar, la integración en la cultura contemporánea de la adolescencia puede presentar sus propios problemas. Si Estados Unidos hubiera de aceptar todos estos retos, los gobiernos en todos los niveles deberían depender en gran medida de las comunidades y organizaciones locales, inclusive las organizaciones basadas en la fe que han desempeñado roles tan importantes al facilitar la transición de los migrantes en el pasado, a pesar de que estas instituciones son más débiles hoy en día de lo que eran en tiempos pasados.

Y los obispos seguramente hicieron bien en notar, tal como lo hizo el Papa Juan Pablo II en la encíclica Solicitudo Rei Socialis, que la solidaridad impone deberes tanto a los desfavorecidos como a los favorecidos…


Con una migración inevitable, parece que la única pregunta que vale la pena hacerse es la siguiente: ¿qué influencia puede ejercerse en el proceso para maximizar las ventajas potenciales y minimizar las desventajas para todas las partes involucradas? Con tanto en juego para Estados Unidos y América Latina, las condiciones deberían ser favorables para negociaciones intergubernamentales como las que iniciaron los gobiernos de México y Estados Unidos en 2001. Dichas negociaciones fueron objeto de un duro revés con los ataques del 11 de septiembre de 2001. No obstante, no debería permitirse que las dificultades impidan ver claramente la gran cantidad de oportunidades de cooperación basadas en el principio de responsabilidad compartida en un problema compartido. Un tratamiento honesto y completo de las inquietudes legítimas y los objetivos de las naciones involucradas podría resaltar áreas en las que nuestros intereses coincidan, clarificar áreas de conflicto y llevar a un mejor entendimiento de las opciones que se prevé razonablemente que cada uno de los países tendrá en cuenta.

Los cinco principios establecidos en la Carta Pastoral Conjunta de 2003 emitida por los obispos de México y Estados Unidos, "Ya no somos extranjeros: Juntos en el Camino de la Esperanza", podrían ser útiles para crear el marco para nuevos enfoques que podrían ampliar los beneficios tanto para el país de origen como para el país de destino. La carta afirma que (1) las personas tienen el derecho de encontrar oportunidades en su tierra natal; (2) cuando no encuentren oportunidades en su tierra natal, las personas tienen derecho a emigrar para encontrar trabajo y mantenerse a sí mismas y a sus familias; (3) las naciones soberanas tienen el derecho de controlar sus fronteras, pero las naciones económicamente más poderosas, tienen una obligación mayor de hospedar a los flujos migratorios; (4) debe protegerse a los refugiados y a quienes busquen asilo tras huir de guerras y persecuciones; y (5) deben respetarse la dignidad y los derechos humanos de los migrantes indocumentados.

Deberíamos agregar uno más a esos cinco principios: un principio que reconozca la necesidad de que una sociedad sumamente diversa y basada en el imperio de la ley sea cuidadosa con los mensajes que transmite a las personas que desean formar parte de la misma. Y los obispos seguramente hicieron bien en notar, tal como lo hizo el Papa Juan Pablo II en la encíclica Solicitudo Rei Socialis, que la solidaridad impone deberes tanto a los desfavorecidos como a los favorecidos: "Los que cuentan más, al disponer de una porción mayor de bienes y servicios comunes, han de sentirse responsables de los más débiles, dispuestos a compartir con ellos lo que poseen. Estos, por su parte, en la misma línea de solidaridad, no deben adoptar una actitud meramente pasiva o destructiva del tejido social y, aunque reivindicando sus legítimos derechos, han de realizar lo que les corresponde, para el bien de todos".

Es evidente que estos principios generales en cierta forma están en tensión unos con otros. Para pasar del nivel de principio a programas y políticas específicas se requerirá una gran dedicación, inteligencia, creatividad y buena voluntad de parte de todas las personas involucradas. Será necesario un debate realista para discutir los costos y beneficios humanos y económicos. Sin embargo, algo parece cierto: dadas las ventajas relativas de Estados Unidos en esta era de grandes migraciones, sería una tragedia que los países de origen y de destino de nuestro hemisferio no unieran sus fuerzas para explorar en qué medida estas ventajas pueden maximizarse de una manera beneficiosa para todas las personas involucradas. Independientemente de que vivamos en países de emigración o inmigración, las opciones que tomemos ahora determinarán qué tipo de sociedades gestamos para esos americanos, tanto del norte como del sur, que vienen detrás de nosotros.